Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Migrante (18 de diciembre), una reciente Declaración del apostolado social jesuita de Europa y Latinoamérica-Caribe denuncia las actuales políticas europeas de inmigración y asilo, concretamente la Directiva de Retorno y el Pacto europeo sobre la inmigración y asilo.
Según la Declaración, las políticas europeas, “priman la seguridad en detrimento de la libertad y la justicia (...) por más que proclamen el respeto a todos los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos; y aunque pretenden la integración social de inmigrantes legales y refugiados, garantizando el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
En concreto, la Declaración denuncia:
-“La regulación de la salida obligatoria y de la expulsión de migrantes en situación irregular (...) no considera las amenazas a los derechos humanos en sus países de origen, ni obliga a los Estados miembros de la UE a garantizar asistencia letrada efectiva”.
-“Los plazos fijados para el ‘retorno voluntario’ (entre 7 y 30 días) lo vuelven inviable en condiciones de seguridad jurídica (…) y permite el internamiento de migrantes en proceso de expulsión sin suficiente control judicial, y con un plazo (6 meses, prorrogables hasta 18) desproporcionado para las necesidades de identificación y aseguramiento del proceso”.
-“Las prohibiciones de reingreso (hasta 5 años) impiden (…) que la persona pida asilo en la UE por causas sobrevenidas tras su retorno al país de origen”.
-“La regulación de los retornos en frontera excluye cualquier garantía jurisdiccional y bloquea de hecho la petición de asilo”.
-“Tal como se regula la repatriación de menores de 18 años a sus países de origen (para entregarlos a sus padres o tutores, o a instituciones de acogida de menores) no garantiza el interés superior del menor”.
Como no hay margen político para modificar los términos de la Directiva de Retorno, los jesuitas expresan: “confiamos en que se pida justicia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para hacer prevalecer el Derecho internacional público, el Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho humanitario cuando se apliquen las normas de los Estados miembros que traspongan la Directiva”. Finalmente, la Declaración invita a los países de la UE a que tomen distancia de las exigencias coyunturales del mercado de trabajo, tengan presentes las necesidades estructurales de las sociedades europeas en términos demográficos y centren su mirada en los más vulnerables y sus derechos.
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